Plan de reestructuración: decidir antes que los acreedores
Por el Ing. Massimiliano Moreni ·
Suben los concursos de empresas en España y caen los planes de reestructuración de la Ley 16/2022: por qué el consejo debe actuar en la ventana de dos años.
En España, las empresas que iniciaron un procedimiento concursal aumentaron un 9,2 % interanual en el tercer trimestre de 2026 (Colegio de Registradores), mientras los planes de reestructuración de la Ley 16/2022 cayeron a 137 entre enero y septiembre, un 28 % menos (Informa D&B). Quien llega tarde suele liquidar: en 2025, el 94,2 % de los concursos que alcanzaron la fase sucesiva fueron liquidaciones directas. Actuar en probabilidad de insolvencia, con un horizonte de dos años y una dirección ejecutiva que ejecute el plan, es lo que permite al propietario conservar la decisión.
La tesis. España crece y, aun así, más empresas entran en concurso. El PIB aumentó un 2,7 % interanual en el tercer trimestre de 2026, según el avance del INE, y las empresas que iniciaron un procedimiento concursal subieron un 9,2 %, según el Colegio de Registradores. La Ley 16/2022 creó un instrumento para reestructurarse antes del concurso; se usa poco. Para una empresa liderada por sus propietarios, la cuestión no es qué permite la ley, sino quién decide y cuándo: decide el consejo de administración mientras la empresa está en probabilidad de insolvencia; después, la decisión pasa a los acreedores y al juzgado.
Lo que dicen los datos. Tras un primer trimestre a la baja (1.495 empresas, un 10,3 % menos), los concursos de personas jurídicas repuntaron en términos interanuales en el segundo (1.601, un 11,6 % más) y en el tercero (1.263, un 9,2 % más). El 52,3 % de las concursadas del tercer trimestre con datos de facturación facturaba 250.000 euros o menos. El instrumento preventivo retrocede: Informa D&B contabilizó 276 planes de reestructuración en 2025, un 16 % menos y cerca del 4 % de los procedimientos, y 137 entre enero y septiembre de 2026, un 28 % menos.
El diagnóstico que la reforma no ha cambiado. El preámbulo de la Ley 16/2022 lo reconocía: «los concursos se caracterizan por que la mayoría terminan en liquidación, y no en un convenio». Según el Anuario 2025 de los Registradores, el patrón persiste: de 1.301 concursos que alcanzaron la fase sucesiva, 1.226 fueron liquidaciones directas, el 94,2 %, y solo se aprobaron 43 convenios. El 45,0 % de las sociedades que iniciaron procedimiento tenía fondos propios negativos y el 67,0 % registraba pérdidas. En el segundo trimestre de 2026, según el Consejo General del Poder Judicial, 1.212 concursos abrieron la fase de liquidación y 56 la de convenio.
El reloj legal que todo consejo debería tener a la vista. El texto refundido de la Ley Concursal fija tres umbrales. Probabilidad de insolvencia: es objetivamente previsible que, sin un plan de reestructuración, la empresa no podrá cumplir regularmente las obligaciones que venzan en los próximos dos años (art. 584). Insolvencia inminente: la empresa prevé no poder cumplirlas en los tres meses siguientes (art. 2). Insolvencia actual: nace el deber de solicitar el concurso en dos meses (art. 5), cuyo incumplimiento hace presumir el concurso culpable (art. 444). La comunicación de negociaciones la decide el órgano de administración (art. 585) y no altera sus facultades de administración (art. 594). Es una síntesis informativa, no asesoramiento jurídico: cada caso requiere la revisión de un abogado.
Por qué el momento es una cuestión de control. La ventana de los dos años mantiene la decisión en manos del accionista. En insolvencia actual o inminente, un plan con medidas que requieren acuerdo de la junta puede homologarse aunque los socios no lo aprueben (art. 640), y estos pierden el derecho de preferencia en las nuevas acciones o participaciones (art. 631). En las pequeñas empresas, con no más de 49 trabajadores y hasta 10 millones de euros de volumen de negocio o balance, fuera de grupos obligados a consolidar, la homologación exige, en cambio, la aprobación del deudor y, en su caso, de los socios (arts. 682 y 684). El riesgo es real: Cuatrecasas observó en 2025 un incremento muy relevante de los planes impulsados por acreedores; en tres de los cuatro casos de 2025 que cita, los socios antiguos salieron del capital o quedaron por debajo del 30 %.
Microempresas y segunda oportunidad. Para las microempresas, con menos de 10 trabajadores y un volumen de negocio inferior a 700.000 euros o un pasivo inferior a 350.000 (art. 685), la reforma creó un procedimiento especial: los Registradores contaron 1.427 en 2025, solo 52 de continuación. La persona natural de buena fe, empresaria o no, puede solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho, tras la liquidación o con un plan de pagos de tres años como regla general (arts. 486 y 497). Para el propietario que ha avalado a su empresa es una red, no una estrategia.
Tres relojes, tres mandatos. Un marco para el consejo ligado a los umbrales de la ley, no al calendario contable.
1. A 24 meses: alerta y diagnóstico. Tesorería a 13 semanas y proyección de obligaciones a dos años, revisadas por el consejo cada mes. Si la proyección no cierra sin medidas, el consejo encarga un diagnóstico de viabilidad que separe el problema operativo del financiero. Es cuando el propietario decide con más opciones.
2. A tres meses: negociación con método. Mapa de acreedores por clases y de las mayorías, más de dos tercios del pasivo de cada clase y tres cuartos si tiene garantía real (art. 629); valoración en funcionamiento y en liquidación; decisión del consejo sobre la comunicación de negociaciones.
3. A dos meses: la última ventana. Con insolvencia actual, el plan sigue siendo posible mientras no se haya admitido a trámite una solicitud de concurso necesario (art. 636), pero el plazo del deber de concurso ya corre, salvo que se haya presentado la comunicación de negociaciones, que aplaza su exigibilidad (art. 611).
El papel de la dirección ejecutiva. El experto en la reestructuración asiste al deudor y a los acreedores en la negociación y en la elaboración del plan (art. 679); no dirige la empresa. En la empresa familiar, el fundador suele ser a la vez accionista, consejero y primer ejecutivo, un triple papel que resta credibilidad ante los acreedores. Un CEO interino o un director de reestructuración (chief restructuring officer, CRO), con mandato del consejo y fecha de salida, separa los papeles: el propietario decide como accionista y la dirección interina (interim management) ejecuta.
Cómo interviene Krymax. Krymax Studio actúa como CEO interino, COO o director de reestructuración con un mandato definido del consejo de administración, en coordinación con los abogados y asesores financieros de la empresa, a los que no sustituimos. Instalamos la tesorería a 13 semanas y la proyección a 24 meses, dirigimos el diagnóstico de viabilidad y el plan operativo, preparamos la información que acreedores, experto y juzgado deben poder verificar, acompañamos la negociación y ejecutamos las medidas acordadas hasta dejar un reporting y un gobierno que funcionen sin nosotros. Para fondos y family offices, aplicamos el mismo cuadro de alerta a sus participadas.
En conclusión. La Ley 16/2022 favorece a quien actúa pronto y traslada la decisión a otros cuando se espera. La ventaja ya no está en conocer la norma, sino en leer a tiempo la propia tesorería. El consejo que hoy se pregunta si la empresa podrá atender sus obligaciones dentro de dos años todavía decide. El que se lo pregunta a tres meses, negocia. El que espera al deber de concurso entra en un sistema en el que, en 2025, el 94,2 % de las fases sucesivas fueron liquidaciones directas.
¿Cuándo puede una empresa recurrir a un plan de reestructuración en España?
Desde que se encuentra en probabilidad de insolvencia, es decir, cuando es objetivamente previsible que, sin un plan, no podrá cumplir regularmente las obligaciones que venzan en los próximos dos años (art. 584 del texto refundido de la Ley Concursal). También en insolvencia inminente y, en insolvencia actual, siempre que no se haya admitido a trámite una solicitud de concurso necesario. Cuanto antes actúa el consejo, más opciones conserva el accionista.
¿Pueden los acreedores imponer un plan de reestructuración a los socios?
En determinados casos, sí. Si la sociedad está en insolvencia actual o inminente y el plan incluye medidas que requieren acuerdo de la junta, puede homologarse aunque los socios no lo aprueben (art. 640), y estos no tienen derecho de preferencia en las nuevas acciones o participaciones (art. 631). En las pequeñas empresas, con no más de 49 trabajadores, un volumen de negocio o balance que no supere los 10 millones de euros y que no pertenezcan a un grupo obligado a consolidar, la homologación exige la aprobación del deudor y, en su caso, de los socios (arts. 682 y 684).
¿Qué aporta un CEO interino o un chief restructuring officer en un plan de reestructuración?
La comunicación de negociaciones y el nombramiento de un experto no alteran las facultades de administración (art. 594): la empresa sigue dirigiéndose a sí misma. El experto asiste en la negociación y en la elaboración del plan; un CEO interino o un director de reestructuración, con mandato del consejo, instala la tesorería y el diagnóstico de viabilidad, sostiene la negociación con información verificable y ejecuta las medidas operativas que hacen creíble el plan.
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